Guerra civil española-La Ofensiva sobre Cataluña 1/2

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La resistencia a conocer el pasado

La movilización de amplios sectores progresistas en contra del enjuiciamiento de Baltasar Garzón por parte del Tribunal Supremo, como consecuencia de su investigación de los crímenes del fascismo, ha dado lugar a una respuesta de condena por parte de la derecha española acompañada de los “compañeros de viaje” que han hecho de su anti izquierdismo la marca de su labor periodística.

Un argumento utilizado por el PP –que evidencia una carencia de sensibilidad democrática– es el de acusar a tales manifestaciones de ser “antidemocráticas”, pues presentan las críticas y presiones al Tribunal Supremo como comportamientos que no respetan las reglas democráticas. Tal argumento desconoce que el poder de cualquier parte del Estado deriva de la soberanía popular y, como tal, puede ser sujeto de crítica y presión por parte de la ciudadanía. Tal acusación de antidemocrática tiene también un componente elevado de incoherencia, pues la dirección de aquel partido nunca ha criticado a la Iglesia católica por amenazar con la excomunión a los jueces que aplicasen la Ley del Aborto, amenaza que representa el máximo grado de presión e interferencia en una judicatura en la que la mayoría de sus miembros son católicos.

Otro argumento planteado no sólo por las derechas sino también, entre otros, por Joaquín Leguina, Fernando Savater y Santos Julià, en sendos artículos publicados este mes en El País , es que tales movilizaciones están rompiendo la reconciliación nacional, que asumen estuvo plasmada en la Ley de Amnistía, ignorando que tal norma fue resultado de la movilización popular liderada por las izquierdas y cuyo objetivo primordial (en el momento de su aprobación, en el periodo preconstitucional) era sacar de las cárceles a los que lucharon en contra de la dictadura. En realidad, las derechas (Alianza Popular) no la apoyaron. De reconciliación tuvo poca. Y esta todavía no ha llegado, como bien lo muestra el hecho de que casi 150.000 personas asesinadas del bando republicano continúan desaparecidas como consecuencia de la oposición de las derechas a que sea el Estado el responsable de encontrar a tales desaparecidos, tal como instruyen las leyes internacionales, por mucho que Joaquín Leguina lo niegue en su artículo (ver los escritos del magistrado José Mª Mena sobre este tema).

Tal oposición imposibilita la reconciliación, como también la dificulta la oposición al reconocimiento de aquellos que perdieron la vida como consecuencia de su lealtad a la República. El juez Adolfo Prego, miembro del Tribunal Supremo, que está a favor de la penalización del juez Garzón por la ayuda que este intentó proveer a los familiares de los desaparecidos para encontrar a sus seres queridos, se opuso con gran contundencia al reconocimiento de los jueces republicanos asesinados o desterrados por la dictadura. Como escribió The Guardian (20-04-10),  “a las izquierdas ni siquiera les dejaron encontrar y enterrar a sus muertos”. Tal nivel de crueldad (y no hay otra manera de definirlo) no tiene equivalente en la Unión Europea. La gran mayoría de los medios de información de la derecha europea han condenado que se haya llevado a los tribunales al único juez que ha querido analizar la represión fascista. No así las derechas españolas, cuyos homólogos en Europa son la ultraderecha.

Pero el argumento que se da con mayor intensidad en la denuncia de las manifestaciones es el mismo que se ha dado durante el periodo democrático para justificar el olvido y la injusticia que ello conlleva. Es el argumento de la equidistancia, indicando que ambos bandos del conflicto civil hicieron las mismas salvajadas (lo cual ha permitido afirmar a Arturo Pérez-Reverte que “todos [vencedores y vencidos] hemos sido igual de hijos de puta” (El Mundo, 26-02-10). De tal equidistancia se concluye que es mejor no reavivar la memoria, pues abriría las heridas, asumiendo erróneamente que estaban cerradas. No por casualidad, la mayoría de los que sostienen tales posturas son hijos de vencedores, independientemente de que hayan pasado el sarampión de haber sido de izquierdas en su juventud. Es frecuente que para lavar tal pasado acentúen ahora sus sarcasmos e insultos a las izquierdas.

El hecho de que hubiera casos de asesinatos políticos en el Estado republicano (muchos menos que los cometidos por el Estado fascista), no niega, sin embargo, la justicia de la causa de la República, de la misma manera que el injusto bombardeo de la ciudad de Dresde (Alemania) por parte de las fuerzas aliadas en su lucha contra el nazismo y el fascismo no niega, tampoco, la bondad de su causa. Tampoco el hecho de que existieran personas no democráticas entre los asesinados republicanos significa que la mayoría de asesinados no hubieran luchado o se hubieran identificado con un gobierno democráticamente elegido. De ahí que tal equidistancia no sea tanto una explicación, sino una justificación para sostener aquella profunda injusticia. El definir como “hijos de puta”, como hace Pérez-Reverte, a los que lucharon defendiendo la República, la mayoría de los cuales no cometieron “salvajadas”, es un insulto injusto e inmerecido, excepto en su propio caso, pues no es de bien nacido ofender a los que sufrieron enormemente por una causa noble, de la cual el que insulta se ha beneficiado ampliamente.

Lo que está ocurriendo en España no es “inexplicable”, como se ha escrito. Es muy explicable, pues es consecuencia del enorme dominio de las derechas en el proceso de la Transición inmodélica que determinó una democracia muy incompleta y un bienestar muy insuficiente. Su oposición a conocer el pasado se explica porque el que controla la visión del pasado controla la hegemonía intelectual del presente. Y esto es lo que ocurre en nuestro país.

Vicenç Navarro

EL PLURAL

29/04/2010

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La limitada diversidad ideológica de los medios: el caso Samaranch

Desde que volví del exilio he escrito extensamente sobre la limitada diversidad ideológica que existe en los mayores medios de información y persuasión españoles (con clara discriminación de puntos de vista críticos con sensibilidad de izquierda), uno de los mayores problemas que tiene la democracia española (y del cual apenas se habla en tales medios). Un ejemplo de ello es la cobertura de la muerte de Juan Antonio Samaranch, Presidente Honorario del Comité Olímpico Internacional (COI). Su defunción dio pie a un sin fin de artículos en los mayores medios de información españoles que rayaron la idolatría. Siendo una persona representativa de la burguesía catalana, la práctica totalidad de artículos fueron de gran alabanza de su persona y su figura, habiendo sido su cuerpo expuesto en el Palau de la Generalitat, máxima expresión de homenaje y respeto a una persona en Cataluña.

En el clima de olvido de nuestro pasado, que ha promocionado el establishment político y mediático en Cataluña y en España, era predecible que la prensa escrita de mayor difusión del país alcanzara tal nivel de adoración a esta figura. Lo que me parece preocupante, es que, siguiendo con la escasa cultura democrática de la mayoría de aquellos medios no apareciera casi ningún artículo crítico, tanto de su pasado fascista (del cual nunca se distanció), ni de su labor al frente del Comité Olímpico como su Presidente. Encuentro vergonzoso que los únicos rotativos que lo hicieron –dando una imagen más equilibrada de tal personaje- fueron los rotativos extranjeros (con contadísimas excepciones en nuestro país, tales como Público y El Plural). El Financial Times, periódico conservador de derechas y de sensibilidad liberal, publicó una reseña de Samaranch, escrita por Andrew Jennings, autor del análisis más detallado del movimiento olímpico que se haya escrito, The Great Olimpia Swindle 2000, que añadía muchas sombras a las luces que iluminaban el cielo informativo español. Este artículo definió a Samaranch, como el “superviviente adaptable a todas las situaciones en su oportunismo”, característica que La Vanguardia convirtió en virtud presentando tal característica de su biografía como expresión del “gran arte de la adaptación”.

Su amor por el deporte fue acompañado por su amor y dedicación al fascismo. Como señala Jennings, Samaranch firmaba sus cartas en los años cincuenta con la siguiente frase “siempre a tus órdenes, te saluda en brazo alto”. Brazo alto era el saludo fascista, aclaración necesaria pues a la juventud española no se le ha enseñado la historia reciente de nuestro país y puede no saber que el brazo alto era el saludo del nazismo alemán, del fascismo italiano y del fascismo español. Tal lealtad fue recompensada por el régimen fascista español nombrándole responsable de la dictadura en Cataluña, en cuyas cárceles, la Policía Política torturaba a los demócratas detenidos, realidad conocida por las autoridades fascistas en Cataluña, dirigida por Samaranch. Como señala Jennings, vestía con orgullo el uniforme fascista y saludaba a todas las autoridades con el brazo bien alto. Incluso en 1971, ya en los últimos años del fascismo, la lealtad al régimen fascista permaneció inquebrantable, declarando que “yo soy leal a todo lo que Franco representa. Soy un hombre del Movimiento Nacional (lo cual quiere decir del movimiento fascista, aclaración mía) y naturalmente que voy a permanecer leal a tal régimen todo el resto de mi vida”.

Samaranch nunca pidió perdón, ni a la población que sufrió la dictadura, ni a las víctimas de su represión. Todo lo contrario, estaba muy orgulloso de su identificación fascista y función represora. En 1999 declaró en una entrevista que “no estoy avergonzado de mi servicio al régimen dirigido por el General Franco. Franco hizo grandes cosas por España. Mantuvo a España fuera de la II Guerra Mundial, creó las clases medias y escogió a un buen sucesor, el Rey”, el cual le recompensó nombrándole parte de la Nobleza, tal como también informó el Herald Tribune, el 22 de abril de 2010 en su obituario. Esta fidelidad al fascismo provocó una movilización en países más democráticos y menos tolerantes del fascismo que el nuestro, para retirarle la Presidencia Honorífica del Comité Olímpico por su pasado fascista y su defensa del régimen fascista (el régimen que asesinó a más españoles en el siglo XX), movimiento que estaba alcanzando dimensiones que hubieran conseguido su objetivo, si su muerte no hubiese interrumpido el proceso.

En cuanto a su labor como dirigente del movimiento olímpico, tales reportajes del Financial Times (22.04.10) y Herald Tribune (22.04.10), además de citar las aportaciones de Samaranch al movimiento olímpico también añadieron otras aportaciones negativas, incluyendo la cultura de corrupción que se estableció en tal movimiento, ampliamente extendida durante su mandato. Según el Herald Tribune (22.04.10), un tercio de los miembros del Comité Olímpico estaban involucrados en casos de corrupción en la selección de Salt Lake City, Atlanta y Sydney. Su amistad con dictadores y miembros de gobiernos, profundamente corruptos, era bien conocida, habiendo nombrado a varios de ellos miembros del Comité Internacional, los cuales tuvieron que dimitir debido al escándalo internacional.

Otra crítica de su mandato fue su incapacidad de resolver el gran problema del dopaje, que también caracterizó los Juegos Olímpicos durante el gobierno de Samaranch. Según sus críticos, Samaranch permitió unas prácticas que tendrían que haberse eliminado. Estas son noticias que los lectores de los diarios escritos de mayor difusión en España no conocen por no haber sido informados

Vicenç Navarro

EL PLURAL

03/05/2010

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Los sarcasmos, insultos e incoherencias de Fernando Savater

Tengo que admitir que tengo un nivel bajo de tolerancia hacia autores que hacen del sarcasmo y del insulto el eje de sus discursos. De ahí que no sea un asiduo lector de Fernando Savater. Pero, de vez en cuando, le leo porque es representativo de un amplio sector de la intelectualidad conservadora no perteneciente a la órbita del PP, centrada en Madrid, que reproduce frecuentemente la sabiduría convencional de lo que en España se autodefine como “centro” en el espectro político, pero que en Europa correspondería a la derecha liberal.

Uno de los componentes de tal sabiduría convencional es su supuesto antinacionalismo, y digo supuesto porque lo considero a él profundamente nacionalista, aunque de signo contrario al de los nacionalismos que denuncia y critica (el catalán, el vasco y el gallego). El suyo es el nacionalismo españolista, que dificulta, en la práctica, el desarrollo del resto de identidades nacionales existentes en el estado español. Su deseo es que Cataluña, por ejemplo, se convierta en una región de España, semejante a lo que es la Cataluña francesa en Francia (en que la mayoría de la población catalana, en el país vecino, no sabe, ni siquiera, hablar catalán). Fernando Savater, como muchos otros “anti-nacionalistas”, está intentando imponer su nacionalismo centralista y uniforme a toda España. No es sorprendente, pues, que haya sido uno de los inspiradores del partido de Rosa Díez, un partido cuya principal característica identitaria es su antinacionalismo periférico y su profundo nacionalismo centralista.

Pero lo que motiva mi artículo no es esta incoherencia, sino la incongruencia expresada en su artículo de El País (22.04.10), titulado sarcástica y ofensivamente “Las sectas en pie de guerra”, en el que, con una narrativa predecible, lanza una enorme retahíla de insultos y aseveraciones, los cuales constituyen elementos importantes de la sabiduría convencional de los círculos conservadores y nacionalistas españolistas.

Además de las predecibles aseveraciones de equidistancia en las atrocidades cometidas por los dos lados durante la Guerra Civil Española y equiparar el comunismo con el fascismo (afirmaciones requeridas como indicador de ecuanimidad y equilibrio), concluye que, aún siendo bueno que se ayude a los familiares de los desaparecidos a encontrar a sus muertos y enterrarlos, encuentra mal que se quieran buscar responsabilidades en base al argumento de ser “crímenes contra la humanidad”, pues además de cuestionar la existencia de tal categoría de crímenes en el mundo, cree que la búsqueda de responsabilidades rompe la placidez y concordia que hemos alcanzado en este país, basada en el respeto a la ley de Amnistía, aprobada por los dos bandos del conflicto civil, que nos obliga a no mirar al pasado. Encuentro esta aseveración sorprendente, pues ignora la historia de este país. La Ley de Amnistía fue propuesta por las izquierdas para sacar a los suyos de las cárceles. Alianza Popular no la apoyó. La derecha intenta ahora utilizarla como Ley de Punto Final. Fernando Savater asume, además, que esta supuesta concordia no tiene costes. Pero es fácil demostrar que los tiene. El gran retraso social que tiene España (que se demuestra en los indicadores tan bajos de gasto público social, entre otros indicadores), su enorme fraude fiscal (que deriva primordialmente de las rentas superiores), su bajísima carga fiscal, su escasa cultura democrática y muchos otros indicadores negativos se basan en el enorme poder que los vencedores de la Guerra Civil y sus descendientes tienen en España, y que se resisten a perder. Parte de este poder se materializa en que ha tergiversado la historia de España, resistiéndose a que se corrija. Trivializar el proyecto de recuperar la Memoria Histórica (que debiera titularse, la corrección de la Memoria Histórica), como hace Fernando Savater, es aceptar la historia que se enseña y muestra como válida, siendo ella, precisamente, la que da gran poder a las derechas. Por lo visto Savater también desconoce que no se han podido presentar en las televisiones españolas, hasta muy recientemente, documentales críticos de aquella dictadura y la presentación de sus horrores (como “Els Nens Perduts del Franquisme”).

En cuanto a la supuesta equidistancia en las salvajadas (predeciblemente el punto que siempre aparece cuando se quiere diluir la responsabilidad de las derechas), una mera lectura del número de asesinatos por razones políticas de 1939 a 1978 muestra una ventaja abismal a favor del bando golpista. Es más, los asesinatos cometidos durante el periodo 1936-1939, fueron muchos más los cometidos por el estado fascista que por el estado republicano. Y no digamos ya durante el periodo 1939-1978, a lo largo de la dictadura, en la que prácticamente todos los asesinatos los cometieron los vencedores de aquel conflicto. ¿De qué equidistancia está hablando Savater?

La misma incoherencia se da entre la tan promovida equivalencia entre el comunismo (PCE) y el fascismo (La Falange), incoherencia basada en la misma ignorancia. El comunismo en España (aunque cometió errores que deben denunciarse) ha sido una fuerza política que ha favorecido históricamente la democracia y la expansión de los derechos sociales y laborales. El fascismo ha sido precisamente lo contrario. Y ello es fácil de mostrar.

Una última observación. Sería de desear que los rotativos de mayor difusión del país tuvieran un código de conducta que limitara el número de insultos por artículo. He vivido en muchos países en mi largo exilio y en ninguno se alcanza el nivel de estridencia, sarcasmos y ofensas al adversario como en España. Sería bueno que los medios no contribuyeran a la excesiva tensión existente en la vida política. Es un síntoma característico de los que pasaron el “sarampión” de ser de izquierdas en su juventud, que se pasen el resto de su vida intentando “lavarse” de aquel pasado, a base de un vulgar anti-izquierdismo rentable en una cultura, como la española, que es profundamente conservadora.

Vicenç Navarro

EL PLURAL

10/05/2010

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Javier Pradera, la amnistía y la transición

Las propuestas de enjuiciar los crímenes del franquismo han creado un gran revuelo. Entre estas voces está la de Javier Pradera, quien, con un estilo agresivo, característico de sus escritos, insulta a aquellos que están intentando cambiar la Ley de Amnistía, los cuales quieren evitar que ésta proteja a aquellos que cometieron violaciones de los derechos humanos, pertenecientes a la categoría internacionalmente conocida como “crímenes contra la humanidad”. Javier Pradera les llama de todo: “hipócritas”, “moralmente viles”, “ignorantes”, “fraudulentos”, “estúpidos”, y así una larga retahíla de ofensas, realizadas con gran exuberancia en su utilización de epítetos, todo ello con el objetivo de ridiculizar a los oponentes de su tesis. Ésta es la consabida y constantemente promocionada versión de la transición, que asume que la Ley de Amnistía fue un pacto entre vencedores y vencidos basado en una reconciliación y en un consenso que permitió a los españoles construir la democracia y aprobar la Constitución.

Javier Pradera es hijo de vencedores y yo soy hijo de vencidos. Y tengo una visión muy distinta de la que tiene Javier Pradera de lo que fue la Transición, de lo que fue la mal llamada reconciliación, y de como se aprobó la Amnistía. Su visión de este periodo de nuestra historia –que reproduce la sabiduría convencional del país- ha servido más a los sucesores de los vencedores que a los sucesores de los vencidos. Y la mejor prueba de ello es que, treinta y dos años después de haber producido aquella Transición, los familiares de 112.000 personas asesinadas por los fascistas están todavía encontrando enormes dificultades para poder localizar y enterrar a sus muertos. Y cuando un juez intenta ayudarles, el Tribunal Supremo lo enjuicia por atreverse a hacerlo, indicando que la Ley de Amnistía no le permite hacerlo. De esta manera, la Ley de Amnistía está siendo utilizada como freno para evitar que se juzguen aquellos crímenes que pueden catalogarse, como bien han dicho eminentes juristas nacionales e internacionales, como “crímenes contra la humanidad”. Tal tipología de crimen está reconocida y recogida en la legislación internacional. Javier Pradera niega, sin embargo, que tal categoría de la Ley Internacional (y la argumentación que la sustenta) invalide la Ley de Amnistía, aunque nunca dice por qué, redirigiendo al lector a un libro que supuestamente avala tal negación. Pero, siendo un elemento clave para sostener su tesis, sorprende la ausencia de evidencia en la defensa de su argumento.

Parece, pues, dar por sentado, como Santos Julià, Fernando Savater y muchos otros que han escrito estos días en las páginas de El País, que la Amnistía estaba basada en un consenso, resultado de una generosidad, tanto de los vencedores como de los vencidos, sobre la cual ocurrió la reconciliación. Pero las víctimas no fueron ni siquiera consultadas en aquel supuesto consenso. Los dirigentes de los partidos que pactaron aquella transición asumieron una representatividad que sólo las propias víctimas tenían. Asumir que hubo reconciliación entre los herederos de los asesinos y los herederos de los asesinados es una enorme tergiversación que no puede sostenerse a base de citar a dirigentes de izquierda que hablaron de reconciliación. El hecho de que el conflicto entre los unos y los otros pasara de ser un conflicto armado a un conflicto civil, no quiere decir que las víctimas se hubieran reconciliado con sus verdugos, situación de difícil realización, pues los últimos nunca han pedido perdón a los primeros, y ni siquiera les han reconocido, obstaculizando –por todos los medios- (tal como muestra el caso Garzón) que se les encuentre y se les homenajee (es fácil de ver que sin el mandato del estado –tal como intentó el juez Garzón- las víctimas no serán enterradas). ¿Quién puede decir que la familia que está buscando el paradero de sus padres y abuelos se ha reconciliado con el Juez Alfredo Prego, miembro del Tribunal Supremo, defensor del golpe fascista, que se opuso al reconocimiento de los jueces republicanos asesinados por aquéllos que tal Juez defiende, y que ahora se opone a que el Estado les ayude a encontrarlos, consecuencia de las intervenciones del juez Garzón? El fin de la Guerra y de la Dictadura que se estableció no puede interpretarse como reconciliación, pues no se han dado las bases para que ésta ocurra. Como tampoco se puede asumir que el silencio existente sobre los crímenes del fascismo, que ha existido durante estos años, fuera resultado de la mal llamada reconciliación. Fue resultado del enorme poder de los sucesores de los vencedores, a través del control de los mayores aparatos de represión del estado –el Ejército, la Policía Nacional y la Judicatura- y de los medios de información y persuasión. Asumir este silencio como consenso es creer en una voluntad inexistente. No fue un silencio consensuado, sino impuesto (no fue hasta hace muy poco que la televisión –el instrumento más importante de difusión y persuasión en España- mostró en documentales como “Els nens perduts del franquisme” los horrores del fascismo), con la colaboración de muchos hijos de vencedores que no deseaban que se analizara el pasado de sus padres.

En cuanto a la Ley de Amnistía, ésta fue consecuencia, en parte, de las presiones de las protestas populares, pidiendo “Libertad, Amnistía y Estatuto de Autonomía”. Esta llamada a la Amnistía no era una llamada al perdón de los asesinos, sino al deseo y exigencia de que se sacara de las cárceles a los que estaban en ellas por su oposición a la dictadura. Alianza Popular, el tronco del cual deriva el PP, no apoyó ni la petición de amnistía ni la Ley. Para hacerla más aceptable a las derechas se incluyó protección a los violadores de derechos humanos dentro del bando vencedor de la Guerra, y responsables del terrorismo de estado. En realidad, cuando las derechas hablan de víctimas del terrorismo, se olvidan de que el mayor número de estos crímenes los cometieron miembros de aquel estado dictatorial basado en el terror, que ellos nunca han denunciado por su nombre. La Ley de Amnistía excusó de la amnistía aquellos delitos de sangre realizados por ETA y otros grupos, amnistiando, sin embargo, los asesinatos terroristas llevados a cabo por el estado. Fue en la práctica una ley de punto final, aunque la ambigüedad de su narrativa deja abierta una brecha que sectores de izquierdas quieren cerrar, permitiendo el enjuiciamiento de aquellos asesinatos.

En la transición no hubo rotura sino cambios, algunos de ellos muy importantes y significativos como, por ejemplo, la aceptación del principio de que la soberanía popular es la base del estado español. Ahora bien, tampoco hubo rotura. Decir esto no es decir, como maliciosamente se atribuye a los que cuestionamos la imagen idealizada de la Transición (refiriéndose a ella como inmodélica), que no cambiara nada o muy poco. Esto es absurdo. Decir que la Transición fue inmodélica quiere decir que hay todavía muchísimo por hacer para alcanzar los niveles de bienestar social y democracia que existen en la mayoría de países de la Unión Europea. Y la mejor prueba de ello es que el partido fascista ha llevado al juez Garzón ante la Corte Suprema por tratar de enjuiciar a la dictadura (permitiendo con ello que sea el Estado el que ayude a las familias a encontrar a sus desaparecidos), siendo probable que ahora tal Tribunal le penalice, y que el que escriba su auto sea el Juez Prego. Y todo ello como una maniobra por parte de las derechas de imposibilitar la labor del Juez Garzón, evitando que encuentre las entrañas corruptas de aquel partido, y una vez más –y como ocurrió durante la dictadura- utilice el fascismo para que le haga el trabajo sucio. Todavía queda muchísimo por hacer.

Vicenç Navarro

EL PLURAL

17/05/2010

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¿Es el PP franquista?

A primera vista tal pregunta parecería una provocación, pues el Partido Popular es un partido que se define como demócrata, participando en la vida política según las reglas del juego electoral definido en el Parlamento español, las Cortes, que según la narrativa oficial es la máxima expresión de la voluntad popular. Añádase a ello el hecho de que tal partido condenó, en las Cortes Españolas (el día 17 de Noviembre del año 2002), junto con los demás partidos, el golpe militar del 18 de Julio de 1936 en una resolución en la que se reconocía a quienes padecieron la represión de la dictadura. Parecería, pues, que el PP no se considera heredero del franquismo, al cual ha condenado, siendo un partido demócrata como cualquier otro. Hasta aquí el entendimiento reproducido por la sabiduría convencional del país.

Sin embargo, hay múltiples indicadores de que hay una distancia entre la narrativa oficial y la realidad que tal narrativa intenta describir, comenzando ya por su oposición a referirse al franquismo de una manera explícita en aquella resolución condenatoria, limitándose a la utilización de un rechazo genérico a todos los “intentos de utilizar la violencia con la finalidad de imponer sus convicciones políticas y establecer regimenes totalitarios narrativa que tuvo que excluir referencias al golpe militar de 1936 para que el PP aprobara tal resolución. Implícita en aquella resolución existía, también, el supuesto de que en España habría podido aparecer una dictadura de opuesta ideología, supuesto erróneo que no quedaba avalado por ninguna evidencia. El PP, pues, nunca ha condenado el golpe militar y la dictadura que estableció, llamándola por su nombre.

El segundo indicador de sus raíces en el pasado franquista es que, a pesar de su discurso de apoyo a las víctimas de aquel régimen totalitario, en la práctica tal partido se ha opuesto a que se entierren y honren a los 150.000 asesinados por el bando golpista cuyos cuerpos están enterrados sin que se conozca todavía hoy -treinta años en democracia- el lugar donde se encuentran. Es fácil de entender que las familias de los desaparecidos no podrán encontrar, enterrar y homenajear a sus seres queridos, sin un mandato del Estado. El PP lo sabe y, a pesar de ello, se opone a que sea el Estado quien instruya tal mandato. Era fácil de prever que cuando el Tribunal Supremo admitió la denuncia de la Falange (el partido fascista de los golpistas) para enjuiciar al Juez Garzón por su intento de encontrar tales cuerpos y a los responsables de aquellos asesinatos, los jueces de instancias inferiores detendrían la búsqueda de los desaparecidos, tal como ha ocurrido. El PP no puede alegar ignorancia de las consecuencias de su apoyo al enjuiciamiento de Garzón. Y no se encontró incómodo en que fuera precisamente la Falange la que llevara a los tribunales al Juez Garzón. Antes al contrario, utilizó a la Falange para hacer el trabajo sucio que ellos deseaban que se hiciera. El PP quería y quiere parar el caso Gürtel, que muestra el grado de corrupción en el que se encuentra tal partido.

Durante la dictadura, los grupos económicos y financieros, así como los grupos corporativos, como la Iglesia (que también era, por cierto, un grupo económico, pues era uno de los mayores terratenientes afectado por la Reforma Agraria llevada a cabo por la República) que realizaron el golpe militar de 1936 y controlaron la dictadura (conocida como una de las más corruptas que ha habido en Europa) utilizaron a la Falange para hacer el trabajo sucio (el de asesinar a los que sostenían el estado demócrata de aquel tiempo). Salvando las distancias (pues existía una dictadura entonces y hay una democracia –aunque muy limitada- ahora) la relación entre la derecha española y la Falange (siendo esta última la responsable de silenciar a los adversarios) continúa. El instrumento político de las derechas utiliza ahora al partido fascista para silencias a sus adversarios. La oferta de ayuda a las familias de los vencidos, llevada a cabo incluso por la Presidenta de la Comunidad de Madrid, la Sra. Esperanza Aguirre, y realizada en un tono condescendiente e insultante (de lo cual es probable que ni ella fuera consciente), es un hecho que no puede ocultar la sistemática oposición que el PP ha expresado hacia tales ayudas, como también lo demuestra que no hayan colaborado con el gobierno central en la preparación del mapa de las tumbas de los cuerpos desaparecidos, y se haya votado en contra de la enmienda a la Ley de la Memoria Histórica que instruía al estado a encontrar a los desaparecidos y homenajearles.. Ni que decir tiene que hay excepciones y ha habido autoridades de tal Partido que han ayudado a las familias a encontrar a los desaparecidos. Pero la gran mayoría no lo ha hecho.

Tal comportamiento, sin embargo, es comprensible. Esta oposición del PP a que sea el Estado el que se encargue de facilitar el enterramiento de los desaparecidos es predecible, pues desenterrar estos cuerpos y darles el honor merecido incluye inevitablemente la crítica y la denuncia de aquellos que los asesinaron y el régimen que apoyó tales asesinatos. Y ello escocería al PP. En realidad, el mejor indicador de que el PP es un partido con identificación, simpatías y raíces franquistas es que se opone sistemáticamente a que se mire el comportamiento de aquel régimen, en el que sus antecesores (no sólo biológicos sino ideológicos) son responsables de aquellos crímenes. Estos descubrimientos debilitarían la fuerza del partido, a lo cual, lógicamente, se oponen.

Cuando el PP indica que no hay que mirar al pasado y centrarnos en el presente, está diciendo que desea continuar su enorme poder intelectual-cultural-político en este país, cuya vida política está más a la derecha que el resto de la UE, como consecuencia de que la derecha española se corresponde a la ultraderecha europea. Hoy la gran mayoría de fuerzas conservadoras y liberales en Europa (sean del signo que sean), y los medios próximos a ella, han condenado sin paliativos el hecho de que el Tribunal Supremo impidiera al Juez Garzón que investigara los crímenes políticos cometidos bajo el régimen franquista, que aún permanecen impunes. No así en España. La dirección del PP, unánimemente, se ha opuesto, como también lo ha hecho el 53% de sus votantes (según la encuesta Publicoscopico). La esperanza de las fuerzas democráticas es que la minoría de votantes de tal partido, el 34% que favorece tal investigación, llegue un día a convertirse en mayoría y que cambie la dirección ultraderechista de aquel partido, convirtiéndose en la derecha democrática europea, que España se merece, pero que todavía no tiene. Esperemos que, por el bien de todos, ello ocurra.

Vicenç Navarro

EL PLURAL

24/05/2010

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Los grandes grupos empresariales y financieros durante la dictadura

La juventud no conoce lo que fue la dictadura y hay que explicárselo. Un aspecto de la dictadura que ha estado poco estudiado ha sido la relación privilegiada que el mundo de las grandes empresas financieras (la Banca) e industriales tuvo con el estado dictatorial. La evidencia acumulada señala claramente que tal estado favoreció sistemáticamente a tales grupos económicos, promoviendo y defendiendo sus intereses a costa de los intereses de los trabajadores. Un ejemplo, entre miles, es el caso Uralita (propiedad de la familia March, la banca más importante de España en los años treinta, que financió el golpe militar fascista del 1936). Uralita fue durante muchos años el mayor productor de productos de amianto en España. El amianto es enormemente tóxico y mata a un porcentaje elevado de los obreros que lo trabajan, consumiendo su tejido pulmonar, que queda inmovilizado por las fibras del amianto, situación que es conocida en la literatura científica desde 1930. En Cataluña Uralita tiene su base en Cerdanyola del Vallés. Durante todos los años de la dictadura, Uralita negó que hubiera ningún trabajador en su fábrica enfermo como consecuencia de trabajar con el amianto. Y las autoridades franquistas, dirigidas entonces por el jefe-delegado del gobierno en Cataluña, el recientemente fallecido Sr. Antonio Samaranch, aceptaron tales declaraciones dando por ciertas tales afirmaciones. La Vanguardia (llamada entonces La Vanguardia Española), de la familia Godó, que colaboró activamente con la dictadura, nunca escribió, informó, y, todavía menos, denunció lo que estaba ocurriendo en aquella fábrica.

Los sindicatos clandestinos (Comisiones Obreras) pidieron ayuda a los médicos que trabajaban en el Hospital Clínico, uno de los centros sanitarios más importantes de Cataluña. Dos médicos de tal institución (jugándose su cargo) decidieron mirar si había sustancia o no en las quejas de los trabajadores. Y las había. Encontraron nada menos que 300 casos. Sus nombres eran Doctores César Picado y Roberto Rodríguez Roisin. En realidad, nada menos que el 25% de los trabajadores padecía alguna enfermedad relacionada con el amianto. Una persona clave, que ayudó a los trabajadores de Uralita a encontrar médicos que les ayudaran, fue el Dr. Josep Tarrés, que trabajaba en la atención primaria de Cerdanyola, donde se comenzaron a detectar los primeros casos de patologías respiratorias entre trabajadores de tal fábrica.

La resistencia de la empresa Uralita a reconocer estos casos fue radical. Tenía toda una batería de médicos de empresa que negaban lo que todos los neumólogos (expertos en el aparato respiratorio) en el mundo saben, es decir, que era imposible que se trabajara con amianto sin desarrollar asbestosis, la enfermedad pulmonar que se desarrolla como resultado de estar expuesto al amianto. Uralita negaba que hubiera casos de asbestosis en su fábrica. Es más, atemorizaban con dejar Cerdanyola si continuaban las quejas de los trabajadores, acusándoles de ser “agitadores comunistas”, acusación enormemente perjudicial para los supuestos agitadores, pues era causa de detención y tortura durante la dictadura.

Al llegar la democracia se pudo ya iniciar un estudio más extenso, dirigido por el mismo Dr. Josep Tarrés, detectándose casi mil enfermos de asbestosis. Lo que es sorprendente es que, a pesar de esta evidencia, no se prohibió la producción y utilización del amianto durante el periodo del gobierno conservador, CIU, y no fue hasta mucho más tarde, en 2002, que se prohibió.

El problema, sin embargo, es incluso más amplio que el de los trabajadores del amianto, por muy grave que éste sea, pues el amianto se desplazó a los barrios obreros cerca de la fábrica donde se trabaja con amianto, trasmitiendo sus fibras por el aire. Según estudios recientes, el 30% de los casos de asbestosis no son trabajadores del amianto, y al no haberse adquirido en su puesto de trabajo, no se les considera enfermos de patología laboral, aún cuando, frecuentemente, el que trasladó el amianto con su ropa haya sido un trabajador del amianto.

Una última observación. Nunca, ningún empresario de Uralita ha ido a la cárcel, y el Sr. Samaranch fue honrado recientemente con el honor máximo que se puede dar a una persona en Cataluña. Mientras, los trabajadores todavía están intentando que los tribunales fuercen a Uralita a pagar indemnizaciones a los afectados por asbestosis, y sólo hace unos días consiguieron algunas de ellas, en cantidades que eran claramente insuficientes. Varias conclusiones se derivan de este hecho. Una es que la dictadura era una dictadura de una clase (la clase de las grandes empresas financieras e industriales) en contra de otra clase, la clase trabajadora. Otra conclusión es que los enormes beneficios de la primera clase se consiguieron a costa de los intereses (salud y calidad de vida) de los segundos. La tercera conclusión es que los grandes medios de información de la derecha colaboraron con la dictadura, silenciando esta enorme explotación de clase, sacando pingües beneficios de tal colaboración. Y la cuarta conclusión es que tales grandes grupos empresariales y las derechas políticas continúan teniendo una gran influencia sobre los medios y sobre el estado, cuestionando la mal llamada transición “modélica” de la dictadura a la democracia, pues treinta y dos años después de que ocurriera la transición, todavía se celebra y homenajea a los responsables de aquella situación, y no se honra a los que lucharon para cambiarla.

Vicenç Navarro

EL PLURAL

07/06/2010

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Los vencidos tienen distinta memoria histórica que los vencedores

No existe pleno conocimiento en grandes sectores de la población española de las atrocidades cometidas por el golpe militar del 1936 y la dictadura que estableció. Sólo los vencidos y sus descendientes conocieron en carne propia los fusilamientos, los encarcelamientos, las torturas, el exilio y sobre todo, la constante humillación con la que el régimen establecido por el golpe militar de 1936 intentó la destrucción psicológica del bando vencido, presentándolo como un bando antiespañol, criminal y asesino, perteneciente a una raza y/o cultura inferior (ver mi artículo El racismo del nacional-catolicismo, Público, 14.01.10). Y lo que es incluso más doloroso es que los vencidos no podían defenderse ni siquiera frente a sus hijos, pues hablar con ellos y transmitirles este conocimiento era ponerlos en peligro. Los vencidos y sus descendientes sufrieron una humillación y un terror constante que nunca experimentaron los hijos de los vencedores. Y la expresión más clara de ello es lo que ha ocurrido con las más de 150.000 personas asesinadas (cuyos cuerpos han desaparecido) y sus familiares. Hasta hace poco estaban prácticamente olvidados y abandonados, treinta y dos años después de haber terminado la dictadura.

Tales horribles experiencias no las conocen los descendientes de los vencedores. A esto me referí cuando, en un artículo reciente, critiqué a Javier Pradera, columnista de El Pais, por su animosidad hacia el intento del Juez Baltasar Garzón de llevar a los tribunales a los asesinos implicados en aquel régimen (animosidad expresada con gran cantidad de insultos hacia los que criticaban tal enjuiciamiento) (ver mi artículo Javier Pradera, la amnistía y la transición, El Plural, 17.05.10). Definí a Javier Pradera como “hijo de vencedores”, lo cual, no significaba (como se malinterpretó en algunas notas que recibí) que cuestionara su compromiso democrático (expresado en su pertenencia durante su juventud a la resistencia hacia la dictadura), sino que señalaba la falta de conocimiento que Pradera tuvo de lo que fue aquella dictadura, experiencia sentida sólo por los vencidos y sus descendientes, entre los cuales Pradera no se encontraba. Los descendientes de los vencidos tenemos un conocimiento y una memoria muy distinta a la de los vencedores. Y queremos que se conozca y que se denuncie lo ocurrido, pues es nuestro deseo que el régimen democrático actual sea continuador y heredero de aquel que España tuvo y por el cual lucharon nuestros padres, ya que estamos orgullosos de lo que nuestros padres hicieron y exigimos al Estado español que lo reconozca y los honre, lo cual no se ha estado haciendo. Es más, creemos que el Estado democrático español no debe considerarse una síntesis de dos sensibilidades, una heredera de la dictadura y la otra mitad heredera de la República. Este sentido de la equidistancia moral y política de lo que erróneamente se llaman los dos bandos (postura promovida por los vencedores y por sus descendientes), no puede ser aceptada en un estado democrático. Éste, para sostener y reproducir una cultura democrática, necesita condenar la dictadura y reconocer el carácter democrático de la República. El franquismo no puede tener ningún reconocimiento en España como propone otro vencedor, Gregorio Marañon, en su artículo en El País “La insobornable verdad” (28.06.10). Sería impensable que en Alemania, que padeció un régimen nazi (semejante al régimen fascista español), un periódico publicara un artículo que defendiera el reconocimiento moral y político de aquellos que impusieron el nazismo.

En realidad, esta resistencia a conocer el pasado, está en parte explicada, no sólo por el enorme dominio que las derechas tuvieron en el proceso de transición de la dictadura a la democracia, sino también por la resistencia de los hijos de los vencedores a que se conozca lo que hicieron sus antecesores, bien por activa o por pasiva, colaborando con el odiado régimen. El miedo a molestar a los descendientes de los vencedores y la excesiva timidez en recuperar y, con ello, corregir la memoria histórica, es indigno del enorme sacrificio de aquellos que lucharon por la democracia y sufrieron por ello. Es vergonzoso, por ejemplo, que la sede del gobierno socialista español, La Moncloa, defina en su web al dictador Franco sólo como político y militar sin nunca citar su componente golpista y dictatorial.

Las consecuencias de una transición inmodélica
La transición, claramente inmodélica -pues dio lugar a una democracia muy incompleta, con gran dominio de las fuerzas conservadoras en los aparatos del estado- dio pie a un abanico electoral claramente sesgado a la derecha. Los partidos homologables a la derecha española en la Unión Europea, no son los partidos de derecha sino los de ultraderecha. Ejemplos de ello hay muchos. Uno de los más recientes es la respuesta de las derechas al caso del Juez Baltasar Garzón (llevado al Tribunal Supremo por el partido fascista) por su intento de enjuiciamiento al fascismo. El público español debe saber que la gran mayoría de medios informativos de derechas en Europa condenaron aquel enjuiciamiento. No así en España. Tanto las derechas españolas (los dirigentes del PP) como las catalanas, Artur Mas, dirigente de CiU y Juan José López Burniol (autor muy promocionado por la televisión pública catalana, TV3) se opusieron a ello. En realidad este último ha escrito varios artículos en El Periódico y, más recientemente, en La Vanguardia (“Razón moral y razón política”, 19.06.10), en el que sostiene que lo que él denomina ambos bandos tenían igual derecho moral y político, defendiendo así a los golpistas de 1936, con el argumento de que eran buenas personas y creían que luchaban por España. Tal argumento, con su relativismo moral, justifica toda serie de atrocidades pues raramente el que las realiza tiene conciencia que haga algo mal. Incluso Hitler y Franco, dos de los asesinos mayores que ha tenido Europa, creían que salvaban su país. Bajo este criterio, que a una persona se la juzgue viene determinado por sus propias intenciones o valores, independientemente del contexto donde se realizan sus acciones.

Esta equidistancia aparece también en Joaquín Leguina en un artículo en el que, partiendo de que muchos fascistas eran buenas personas y muchos republicanos eran asesinos, concluye que los dos bandos eran responsables o, como dijo Pérez-Reverte, todos “somos hijos de puta”, insulto gratuito a todos los que lucharon por la democracia, justificando tal insulto por la existencia de comportamientos censurables también en el lado republicano, ignorando que, mientras la represión era política de estado en la dictadura, no lo fue en el lado de la República. Según el criterio de equidistancia, sostenido por tales autores (todos ellos descendientes de vencedores) tampoco hubo ni buenos ni malos en la II Guerra Mundial, pues los aliados bombardearon Dresden destruyendo toda una ciudad alemana. Este relativismo lleva a una parálisis moral y política.

No pueden evaluarse las atrocidades, sin embargo, sin ver el contexto en el que ocurren. De ahí que no todos los muertos sean iguales. Los curas y monjas asesinados, por ejemplo, eran parte de una institución beligerante en la Guerra, pues la Iglesia clamaba por un golpe militar antes de que éste tuviese lugar y la población era conocedora de tal provocación. Es comprensible, pues, que las clases populares odiaran a la Iglesia (hecho que la Iglesia, en su arrogancia, nunca se ha preguntado el porqué la odiaban). Decir esto no es justificar la expresión de tal odio, sino entenderlo. El hecho de que los curas y las monjas fueran buenas personas (es decir que seguían las pautas del comportamiento convencional) no las convirtió en inocentes. En realidad, en mi juventud conocí a muchos fascistas que eran también muy buenas personas, iban a misa, amaban a sus familias, ayudaban a sus vecinos pero que cuando veían sus intereses en peligro, colaboraban con la policía, que asesinaba, torturaba y exiliaba a aquellos que amenazaban sus intereses, lo cual ocurría con pleno conocimiento y aprobación de los fascistas buenas personas. En realidad, la perfecta novela o película antifascista todavía no se ha hecho. Tal novela tendría que explicar la vida de esta buena gente de la que habla Burniol, que cuando veían sus intereses en peligro apoyaron las crueldades más duras que los seres humanos han visto ocurrir en España.

La mal llamada reconciliación
Una última nota. No es cierto que la transición se basara en una reconciliación. El hecho de que el joven republicano no apretase el gatillo que hubiera matado a Sánchez Mazas, en la novela de Javier Cercas, ha sido interpretado por muchos autores (como Santos Juliá) como el inicio de la reconciliación. No sé cuál es el intento de su autor, Javier Cercas (también hijo de vencedores). Pero me parece absurda tal observación. Aquel joven republicano tendría que haber apretado el gatillo, pues era una guerra contra el fascismo (el cual mató a miles y miles de demócratas) y Sánchez Mazas fue su ideólogo. Millones de hijos de vencidos no se han reconciliado con los vencedores. ¿Cómo puede la hija de un alcalde republicano asesinado por la Falange, cuyo cuerpo está enterrado en un lugar todavía desconocido, reconciliarse con el miembro del Tribunal Supremo que todavía defiende el golpe militar, o con el Sr. Burniol que indica que los golpistas merecen tanto respeto como su padre, el republicano enterrado?

El aceptar que el conflicto civil se lleve a cabo no mediante el conflicto armado, sino a través de unas reglas (sesgadas en el caso español para favorecer a las derechas), como ocurrió en la transición, no quiere decir que hubiera reconciliación, por mucho que líderes de izquierda lo afirmaran durante la transición. Creerse esto es como creerse que la petición de Amnistía por parte de la población movilizada contra la dictadura incluía la petición de perdón a los asesinos, como algunos, incluyendo a Burniol, asumen. Si a una persona le roban su casa sin nunca recuperarla, no se le puede pedir que se reconcilie con el ladrón que continúa viviendo en su propiedad. Esto es lo que ha ocurrido en España. Ponga vencedor en lugar de ladrón y esto es lo que ha estado ocurriendo- los vencedores robaron la memoria histórica, haciendo de la suya, la historia de España. Y ahora se oponen a que se recupere la memoria de los vencidos que fueron los únicos que defendieron la democracia.

En la transición no hubo reconciliación. Hubo un acuerdo de no resolver el conflicto, que continúa existiendo, por vía de las armas. Se decidió hacerlo por reglas que intentaron ser democráticas, en un estado en que las derechas continuaron enraizadas en el aparato del Estado y en el que la competitividad política está sesgada para discriminar a las izquierdas, y ello como consecuencia de la debilidad de las fuerzas democráticas en aquel momento de la Transición. Ni que decir tiene que es más que probable que, considerando la correlación de fuerzas dentro del Estado en aquel periodo 1975-1978, no había otra alternativa. No es pues mi propósito denunciar aquel proceso. Lo que sí creo, sin embargo, es que fue un gran error de las izquierdas definir aquel proceso como modélico, pues el término implica que la democracia que determinó fuera también modélica o que los instrumentos y reglas que la Transición produjo permitan alcanzar tal democracia modélica, lo cual es fácil de mostrar que no es cierto. Es comprensible que las derechas lo definan como modélica. Pero las izquierdas no pueden ni deben considerarla como modélica pues ello implicaría renunciar a conseguir la democracia homologable a la existente en la mayoría de la Unión Europea, que el pueblo español se merece, sin frenos y cortapisas. Y ahí soy optimista. En la medida que el tiempo pasa, las nuevas generaciones no aceptarán este desequilibrio existente en el Estado español. Y las derechas son conscientes de ello. De ahí la enorme resistencia de los vencedores a impedir que se conozca la realidad de lo que pasó en España.

Vicenç Navarro

EL PLURAL

05/06/2010

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Cristina Fernández en el Día de la Memoria

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